MADRID – El Ministerio de Justicia tutelado por Juan Carlos Campo propondrá una revisión de los delitos relacionados con “excesos en el ejercicio de la libertad de expresión para que solo se sancionen conductas” que supongan un riesgo para el orden público o la provocación de algún tipo de conducta violenta, con penas disuasorias, mas no privativas de libertad.
Así lo anunció la Moncloa a través de comunicado hecho público este lunes. En la propuesta planteada se contemplará que “aquellos excesos verbales que se cometieran en el contexto de manifestaciones artísticas, culturales o intelectuales” permanezcan “al margen del castigo penal”.
El Gobierno “entiende que el derecho penal ni es la herramienta más útil, ni es necesaria, ni es desde luego proporcionada para responder a comportamientos que, aun pudiendo rozar la ilicitud, su castigo penal supondría un desaliento para la libertad de expresión, tal y como han declarado el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Unión europea y la mayor parte de la doctrina española”.
De acuerdo a fuentes del Partido Socialista, el Ministerio de Justicia busca reformar los “delitos más controvertidos” del Código Penal como son los de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, el delito de odio, los delitos de injurias a la Corona y a otras instituciones y los delitos contra los sentimientos religiosos.
Asimismo, justifican que estos delitos penales tienen carencias por su “cierta indefinición del bien jurídico protegido”, “generan inseguridad” por su amplitud y resulta “difícil la delimitación entre ejercicio del derecho fundamental y la conducta delictiva, que precisa de una interpretación restrictiva”.
Señalan que “todas estas cuestiones son exigencias de precisión requeridas por parte del Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Derecho Europeo”.
Tras darse a conocer dicho, Unidas Podemos hizo público que este martes registrará en solitario en el Congreso su propia proposición de ley para evitar que se castigue el ejercicio de la libertad de expresión. Su pretensión es derogar cuatro delitos del Código Penal: los de injurias a la Corona, injurias a las instituciones del Estado, enaltecimiento del terrorismo y delito contra los sentimientos religiosos.
“En los últimos años estamos asistiendo en España a una deriva autoritaria que ha llevado a restringir de manera alarmante el derecho fundamental a la libertad de expresión por la vía administrativa, mediante la ley mordaza, y por la vía penal, a través de algunos artículos del Código Penal, provenientes de la dictadura, que criminalizan conductas como el envío de mensajes en redes sociales o canciones de rap”, justifica Unidas Podemos.
Artistas condenados
El anuncio del Gobierno se produce luego de que la Audiencia Nacional haya dado diez días -hasta el 12 de febrero- para ingresar a la cárcel al rapero Pablo Rivadulla Duró, conocido como Pablo Hasel, para cumplir una condena de nueve meses de prisión por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la monarquía.
Ante lo sucedido, más de 200 artistas, entre ellos Pedro Almodóvar, Joan Manuel Serrat, Javier Bardem, Fernando Trueba o Vetusta Morla, han firmado un manifiesto en el que reclaman la liberación del rapero. Hasel descartó eludir la cárcel ya que cree que “el exilio es una decisión que meditó profundamente” pero dice que se quedará “para dar más voz al mensaje que el Estado pretende silenciar”.
Otro caso, que sí decidió eludir la justicia, es Valtònyc, que fue condenado en España a una pena de tres años de prisión por apología del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas en las letras de sus canciones. El rapero reside en Bruselas desde 2018 y las autoridades belgas descartan, de momento, su extradición.
Redacción Madrid
