CARACAS – Un tribunal de control ordenó el pase a juicio de los dos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) acusados del asesinato del capitán Rafael Acosta Arévalo, bajo los cargos de homicidio calificado con alevosía y tortura.
El abogado Alonso Medina Roa, defensor de la familia del capitán Acosta Arévalo, informó a través de su cuenta en Twitter sobre la decisión del tribunal, aunque explicó que dentro de la acusación queda pendiente la investigación de la cadena de mando involucrada en la muerte del capitán.
En octubre de 2020, el Tribunal Supremo de Justicia anuló la acusación hecha por el Ministerio Público contra los ciudadanos Ascanio Antonio Tarascio Mejía y Estiben José Zarate Soto, ambos funcionarios de la Dgcim. El TSJ alegó para el momento, que en el proceso judicial se registraron actuaciones que atentaron contra el derecho a la defensa, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, y a los derechos de la víctima del delito.
Ese mismo mes, el fiscal impuesto por la extinta constituyente, Tarek William Saab, reconoció que se había realizado una nueva imputación, está vez reconociendo la intencionalidad del homicidio y la tortura. La anterior acusación de “homicidio preterintencional con causal” exculpaba a los presuntos torturadores, como lo denunciaron activistas de derechos humanos e incluso un exfiscal del MP.
Arévalo fue detenido en buenas condiciones físicas el 21 de junio de 2019 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) por su supuesta vinculación con el fallido alzamiento militar del 30 de abril de 2019.
Tras encontrarse desaparecido forzosamente por varios días, su abogado relató que al llegar al juzgado el 29 de junio el capitán presentaba evidentes signos de tortura y murió unas horas más tarde en el Hospital Militar, sin siquiera haber sido presentado ante el tribunal.
Por su parte, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció ese mismo año que, de acuerdo a las informaciones recabadas, que el militar había sido torturado, lo que provocó lesiones irreversibles. Según el acta post mortem, el cuerpo de Rafael Acosta Arévalo presentaba 38 lesiones, todas vinculadas con torturas.
Los hechos también fueron denunciados por la Misión de Verificación de Hechos, un mandato del Consejo de DDHH de la ONU sobre Venezuela. Que también forma parte de los señalamientos hechos contra Nicolás Maduro y funcionarios de su gobierno en la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad.
