MADRID – El Tribunal de Cuentas solicitó un informe urgente a la Abogacía del Estado porque duda sobre la legalidad y suficiencia de las garantías del Instituto Catalán de Fianzas para pagar la fianza de 5,4 millones de euros impuesta a 34 ex altos cargos del Govern enjuiciados por promocionar el ‘procés’ en el exterior con dinero público mediante las llamadas ‘embajadas catalanas’ y del Diplocat.
A través de una nota de prensa, dicho Tribunal explicó este martes que tiene dudas sobre si estos avales “pueden o no amparar posibles responsabilidades contables por dolo o culpa grave” ya que los está asumiendo la “propia Administración Autonómica perjudicada” por el uso de dinero público para promocionar el ‘procés’. Por lo cual, la delegada instructora del Tribunal solicitó a Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento un informe de la Abogacía del Estado.
El organismo pide a la Abogacía del Estado que aclare si el sistema de responsabilidad contable “permite que sea, directa o indirectamente, la propia entidad perjudicada, en este caso la comunidad autónoma de Cataluña que representa a todos los integrantes del pueblo de Cataluña la que garantice con dinero público la posible responsabilidad contable” de los enjuiciados “que puedan haber incurrido en responsabilidad contable por dolo o culpa grave”.
Esto serían, los “únicos supuestos legales en los que está prevista legalmente dicha responsabilidad reparadora por los perjuicios originados al pueblo de Cataluña y a su erario público, en su caso”, añade el texto.
El 6 de julio, la Generalitat aprobó por decreto crear de un fondo de 10 millones de euros para respaldar a estos exmiembros del Gobierno catalán mediante del ICF en caso de que ningún banco los apoyara, como finalmente sucedió. Y aunque tras la negativa de la banca privada hubo un primer momento en el que se descartó usar el Instituto Catalán de Finanzas como plan B, finalmente la Generalitat rectificó tras desavenencias entre miembros del Govern.
El lapso para presentar los avales a las fianzas concluía la medianoche de este lunes y el Tribunal de Cuentas debía decidir si los aceptaba. Entre los ex altos cargos están los expresidentes catalanes Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, el ex secretario general de Diplocat Albert Royo y el exconsejero de Economía Andreu Mas-Colell.
El viernes pasado el órgano contable recibió los avales procedentes del ICF de 29 de los 34 procesados por vía electrónica, mientras que según señalaron fuentes de la consellería de Economía, otros cuatro se negaron a acudir al ICF y pagaron las sumas requeridas presentando bienes inmuebles como aval personal.
También informaron de que dos presuntos responsables no han presentado fianza y advierten que una vez terminado el lapso de tiempo el Tribunal emitirá providencia de embargo de bienes hacia estos ciudadanos.
Por su parte, el Gobierno de Pere Aragonès señaló este lunes que si los avales del ICF eran rechazados por el Tribunal de Cuentas, analizarían un plan alternativo.
Cabe destacar que tanto las fianzas como los embargos son medidas cautelares hasta que haya sentencia firme, es decir, no implican que el encausado pierda los bienes de formaa inmediata. El objetivo es el garantizar que una futura sentencia condenatoria los perjuicios que se han producido en los fondos públicos sean devueltos.
Redacción Madrid
