CARACAS – Activistas de derechos humanos junto al opositor Juan Pablo Guanipa, entregaron un informe donde exigen la liberación de los presos políticos del país y exponen su situación tras las rejas.
Guanipa explicó que, en el documento, se solicita que se les garantice a los presos políticos venezolanos “el derecho a la protección de su salud y el derecho al debido proceso”.
“No puede ser que tengamos personas que tienen cuatro años detenidas sin juicio. Es el caso, por ejemplo, del capitán de navío Luis de la Sotta. Si sale absuelto de ese juicio ¿quién le paga esos cuatro años que estuvo detenido? No hay debido proceso para las personas que han perdido su libertad”, expresó el opositor a la agencia Efe.
Asimismo, explicó que este informe ha sido “organizado por la sociedad civil” que, a su juicio, decidió “salir a pelear por la liberación de los presos políticos” y por “el recuerdo y por la justicia de las personas que murieron en las manifestaciones en Venezuela”.
Aseguró que el informe será entregado a la alta comisionada de la ONU para los DDHH, Michelle Bachelet, para que “tenga insumos para los próximos informes que tiene que aportar”.
Hasta el pasado 16 de mayo, Foro Penal contabilizó la existencia de 237 presos políticos en Venezuela.
Preocupación por proyecto de ley que busca prohibir a las ONG
Miembros de la sociedad civil y organizaciones sin fines de lucro entregaron al PNUD una carta en donde rechazan el proyecto de ley de la Asamblea Nacional que busca prohibir a las ONG y restringiría la cooperación internacional.
“Queremos alertar que esto está enmarcado en el mismo sistema de control, ilegitimidad y punibilidad que se ha desarrollado en Nicaragua para cercenar el derecho de las organizaciones”. Expresó Betsy Rondón, una de las delegadas que ha solicitado una reunión con el presidente de la comisión de la AN, Timoteo Zambrano, para mostrar su preocupación por este proyecto.
Rondón explicó que este proyecto de ley afectaría a organizaciones de DDHH, iglesias, gremios, sindicatos, organizaciones humanitarias y universitarias, ya que existiría la posibilidad de “eliminar de forma discrecional, por razones de soberanía, a las organizaciones de todo tipo”, según reseñó el portal Monitoreamos.
“El propósito es mantener a las organizaciones en un limbo discrecional. Para que en cualquier momento puedan ser eliminadas, perseguidas, criminalizadas”, agregó la delegada.
Redacción Caracas.
